47 países autorizarán marco de información sobre criptos para 2027

Algo menos de 50 gobiernos nacionales se han comprometido conjuntamente a “transponer rápidamente” a sus ordenamientos jurídicos internos el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF), la nueva norma internacional sobre intercambio automático de información entre autoridades fiscales. La declaración se publicó el 10 de noviembre.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el CARF en 2022. Desarrollado a partir de un mandato de abril de 2021 del G20, el marco CARF exige informar sobre el tipo de transacción de criptomonedas y activos digitales, ya sea a través de un intermediario o de un proveedor de servicios.

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Los autores de la declaración pretenden activar los acuerdos de intercambio de información a partir de 2027. Según el texto:

“La aplicación generalizada, coherente y oportuna del CARF mejorará aún más nuestra capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reprimir la evasión fiscal, que reduce los ingresos públicos y aumenta la carga sobre quienes pagan sus impuestos.”

La lista de países comprometidos incluye los 38 Estados miembros de la OCDE y algunos paraísos financieros tradicionales, como los territorios británicos de ultramar de las Islas Caimán y Gibraltar. Sin embargo, al estar centrada en Europa, no incluye mercados cruciales como China y Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Turquía. Tampoco hay ni un solo país africano y sólo dos latinoamericanos: Chile y Brasil.

El CARF no es el único protocolo de intercambio de información fiscal que se está implantando a nivel internacional para captar criptoingresos. En octubre, el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la octava iteración de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC8), una norma de información fiscal sobre criptomonedas. La DAC8 pretende otorgar a los recaudadores de impuestos la jurisdicción para controlar y evaluar cada transacción de criptomonedas realizada por individuos o entidades dentro de cualquier otro estado miembro de la UE.

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