Control

El regulador del Reino Unido rechaza casi el 90% de las solicitudes de empresas de criptomonedas

El Reino Unido no parece estar entusiasmado con las criptomonedas. Un informe publicado el jueves por el organismo de control financiero del país dijo que casi el 90% de las solicitudes de empresas de criptomonedas fueron rechazadas durante el año pasado. ¿La razón? Protecciones inadecuadas contra el fraude. «Más del 87% de los registros de criptomonedas fueron rechazados, retirados o denegados por controles débiles de lavado de dinero», dijo la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en su último informe anual. La FCA regula las empresas de servicios financieros y los mercados financieros en el Reino Unido. El organismo agregó que había introducido nuevas reglas para que las empresas que promueven las criptomonedas deben hacerlo de una manera que sea «clara, justa y no engañosa». De 35 solicitudes recibidas el año pasado, señaló la FCA, solo cuatro se registraron con éxito. Casi la mitad, o 15, fueron retiradas y 9 fueron rechazadas. “Hemos rechazado propuestas que no incluían componentes clave necesarios para que podamos realizar una evaluación, o la mala calidad de los componentes clave hizo que la propuesta no fuera válida”, explicó la FCA. La FCA también dijo que emitió 450 alertas de consumidores contra empresas que promocionaban criptomonedas ilegalmente en los primeros tres meses de vigencia de las normas. “Seguimos desempeñando un papel de liderazgo a nivel internacional, dando forma a los estándares globales sobre criptomonedas, sostenibilidad y finanzas no bancarias, por nombrar solo algunos”, agregó la FCA en su informe. En julio, la FCA impuso a CB Payments Limited (CBPL), una parte de Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, una multa de £ 3,5 millones ($ 4,5 millones) por permitir que los «clientes de alto riesgo» compren criptomonedas. El regulador afirmó que CBPL, que permite a los clientes comprar activos digitales en Coinbase, había sido laxo con sus controles contra el lavado de dinero (AML), lo que aumenta «el riesgo de que los delincuentes pudieran usar CBPL para lavar las ganancias del delito».

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